19/11/2007 | Club Diario Levante/ Maria Tomás
Las declaraciones del presidente de la Comisión de la Competencia, Luis Berenguer, en las que abogaba por la derogación de la ley que restringe la apertura de los comercios, situaba las jornadas sobre «Regulación y modelos comerciales» del Club Diario Levante en un punto de total actualidad. Representantes del comercio valenciano señalaron el sector como estratégico, hablaron de su viabilidad, aún con carencias, y reclamaron apoyo de la Administracion para que los intereses de unas pocas compañías no condicionen todo un sector.
Proteccionismo en la globalización
García Magarzo: «La liberalización comercial condiciona todo un sector al interés exclusivo de tres compañías»
Los comerciantes ponen en duda que exista una política del Consell y rechazan entrar en el «falso» debate de los horarios
La sociedad de consumo es un gran pastel que alimenta intereses y sostiene economías, pero las nuevas directrices europeas tendentes a la liberalización están poniendo en peligro a los más pequeños. El comercio minorista valenciano como modelo particular, competitivo y viable, aún todavía con muchas necesidades, ve peligrar su futuro ante las exigencias y el poder de las grandes compañías, que se concentran en las ciudades y empiezan a dejar a algunos municipios sin tejido comercial de proximidad y suministro de bienes cotidianos.
Para hablar de la regulación de estos modelos comerciales, el Club Diario Levante celebraba unas jornadas sobre La experiencia en la Comunitat Valenciana moderadas por el director de Levante-EMV, Pedro Muelas.
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García Magarzo, comenzó el turno de palabras con una presentación en cifras. Asedas es la primera asociación empresarial de la distribución en España con 6,5 millones de m2 de superficie y 220.000 trabajadores. Un sector que proporciona empleo al 14% de la población, que supone el 10% del PIB, por encima de la construcción (8%) y que, en su 90%, está formado por microempresas.
Un sector de importancia que siente la «desproporción» entre su peso y una política comercial que, en algunos casos, «dudamos que exista». García Magarzo acusó a la administración de «no tenernos en cuenta» y señalaba que «asistimos al falso debate de la regulación. No se basa en la realidad del sector sino en principios políticos que usan el interés del consumidor como excusa». Además, afirmaba que «se habla mucho de regulación y poco de otras políticas». A los empresarios de aquí les sobran necesidades. «No existen políticas de formación profesional. Necesitamos aumentar las medidas para la conciliación laboral en un sector tan intensivo y con tanto empleo femenino», aseveró. En su opinión, el debate en torno a la regulación de horarios no es adecuado. «Se condiciona toda la estructura de un sector a las necesidades de un modelo de negocio que sólo representa a tres empresas».
El control de precios, el objetivo
Para García Magarzo, las razones que justifican la intervención pública en materia de comercio serían «el control de precios, el carácter intensivo del empleo o la integración en el entorno urbano» una de las claves de la UE. «Los poderes públicos deben frenar cosas como la venta a pérdida, utilizada donde se quiere acabar con la competencia.. En su análisis, García Magarzo reseñó que en España hay más competencia porque hay un mayor reparto de cuotas de mercado, que se traduce en mayor capacidad de elección para el consumidor.
«En España no hay barreras»
Al analizar la polémica por la liberalización de horarios, señaló que la directiva Bolkestein «nada dice de este tema; que en España es evidente que no hay barreras y que los consumidores han contestado que los horarios son adecuados». García Magarzo se preguntaba: «¿Es más importante la apertura de festivos que la falta de una FP adecuada a las necesidades del comercio en el que trabajan más de un millón y medio de personas?» Es, según sus palabras, «un debate promovido por pocas personas y al margen del resto de empresarios y trabajadores».
Para el representante de Asedas, la regulación ha de servir «para garantizar la competencia entre empresas y formatos, que es mejorable. Lo más relevante es garantizar los precios y que las mejoras no aumenten el coste de las empresas». García Magarzo apostaba por una «regulación equilibrada de apertura en festivos» y por «evitar el abuso de la posición de dominio» porque, entre otras cosas, la desregulación de los festivos «contribuye a aumentar los precios».
La ciudad y la globalización
El presidente de la Confederación Valenciana del Comercio (Covaco), Pedro Reig, habló de la «función económica y social» del comercio urbano y señaló que «ayuda a potenciar la esencia de la ciudad como un espacio relacional frente a la globalización» y como forma de inversión local. Si bien admitía que la competencia da vivacidad al debate, Reig señaló que «una cosa es defender la libertad de empresa y otra abogar por la creación de situaciones monopolistas excesivamente liberalizantes». Y citaba al director del FMI, Sr. Camdessus, asumiendo para Covaco sus palabras: «la economía tiene que encontrar una nueva vía entre la liberalización indiscriminada y el control absoluto».
Según Reig, «no podemos aceptar modelos externos que no sean complementarios a nuestros objetivos. Se pone en peligro un modelo que proporciona equilibrio, riqueza y calidad de vida». Y para ello, ofreció un contrato social que defienda el modelo mediterráneo y donde participen en el diseño todos los intereses que estén en juego. Reig apoyaba sus argumentos en datos que corroboran la importancia de las ciudades, ahora, en creciente competencia. «El comercio cohesiona y democratiza el consumo por la proximidad que ofrece», afirmaba hablando del equilibrio entre calidad de vida y riqueza. Para el presidente de Covaco, los datos exitosos no surgen «por generación espontánea sino por el trabajo de los profesionales». Se refería al valor añadido de los servicios comerciales en la Comunitat, que representa el 11,%5 del total nacional. Uno de tantos datos que hacen referencia a la importancia del comercio.
La secretaria general de Cecoval, Isabel Cosme, abogaba por una política administrativa que «mantenga la legislación actual» de horarios y propicie la «leal competencia mejorando la inspeccion y propiciando la interlocución». Una forma de dignificar el comercio, un sector que Cosme consideraba «estratégico» pero falto de protección «por su elevada sensibilidad a variaciones ajenas».
Los empleados huyen
Cosme hacía hincapié en empezar por una mejor cualificación profesional especializada en categorías profesionales, con instalaciones y materiales adecuados. Máxime teniendo en cuenta que cubre muchos empleo para mujeres, uno de los colectivos más desfavorecidos.
La formación como vehículo para «fidelizar empleados» es otro detalle necesario para la estabilidad, dado que uno de los problemas de este sector, es que, «en las comunidades más liberalizadas, huyen de trabajar en él porque no permite la conciliación. No podemos permitirlo, el empresario también es trabajador», dijo. Uno de los comentarios que más sorprendió fue el del empresario Antoni Rodríguez (Consum) afirmando que «los jóvenes rehuyen este empleo porque no quieren trabajar en sábado». Según los cálculos de Cosme, un sector que en seis años ha generado 4.688 nuevos comercios necesita unos 6.000 empledos. No es en vano. «La rotacion y la movilidad dificultan el empleo».
«El mejor modelo de comercio para el consumidor es aquél en el que se encuentra seguro, con calidad en el producto, en el servicio de venta y post venta y a precio más competitivo». Lo decía Fernando Móner, secretario de Avacu, para señalar su postura en contra de la venta a pérdida y esas masivas retiradas de productos del mercado europeo. «Lo importante es que todos cumplan las reglas del juego», dijo.
El defensor del consumidor reconocía que el comercio en la comunidad «todavía tiene que seguir creciendo y de forma consensuada», y señalaba que esa evolución debe tener en cuenta las tecnologías y la integración de consumidores emergentes de más de 30 países. «El valor está en que cada comercio potencie su ventaja comparativa». Para él, seria mejor que no se fijaran precios. Aunque reconoce que son muchos los factores que influyen. Pero también valoraba la dificultad de realizar politicas generales desde la UE en un panorama de consumo tan dispar según el pais o el punto geográfico. En este sentido, rechazaba los datos comparativos como elemento de peso para tomar decisiones «que han de basarse en nuestra experiencia y necesidades del entorno. La UE debe aplicar las bases y cada país acoplarlas».
En números
Datos: El representante de la Cámara de Comercio, Agustín Rovira, hablaba de una estabilización del sector en el 12% del PIB. «El crecimiento futuro será complicado».
La tasa: de empleo es del 12,8%, de los que el 16,1% son extranjeros y el 48%, mujeres. Pierde peso el empeo juvenil (18%) mientras destaca el empleo de autónomos (68,8%).
Y más: Existen 96.366 empresas comerciales. El 26% del tejido empresarial valenciano. 1 de cada 4 empresas son comercios. El 95,7% son microempresas con menos de 10 empleados.
Concentración: 74 ciudades de la comunidad concentran el 80% del comercio valenciano.
«Queremos empresas capaces de actuar en el mercado global»
La consellera de industria, comercio e innovación, Belén Juste, definió en el Club Diario Levante hasta qué punto la política del Consell se alinea con la convergencia de la UE de mercado único y directiva Bolkestein, que propone la liberalización de las prestaciones de servicios eliminando las barreras entre los estados miembros. Es la previsión de los objetivos marcados por la cumbre de Lisboa para hacer de la economía europea «la más dinámica y competitiva del mundo». Una adaptación que «será gradual hasta su implantación total el 1 de enero de 2010», afirmó.
Para lograrlo, Juste afirmó que se compromete a la modificación de la ley 8/86 de ordenación del Comercio y superficies comerciales. «La política de este gobierno es conseguir un sistema comercial armónico con el medio urbano, equilibrado con el territorio y equitativo entre las distintas formas de atención al público comprador», afirmó como prioridades. «Queremos un texto legal que siente las bases de nuestro nuevo desarrollo comercial». Una idea de comercio valenciano «referente» en eficiencia y modernidad «que contribuya al desarrollo e la economía y la sociedad».
En definitiva, Juste lo que explicaba es la intención de propiciar «la creación de empresas capaces de actuar en un mercado global». Intención para la que cuenta con «valencianos con visión, inquietudes, capacidad de esfuerzo y superación».
Entre otras cosas, porque, según recordó, las competencias en regulación comercial están transferidas pero en la práctica «son compartidas».
Juste promete consenso
La modificación de la ley se hará, como dijo, «con el máximo consenso entre empresarios, distribuidores, asociaciones, trabajadores, y consumidores». Según Juste, el cambio del marco normativo se hará en el horizonte de dos años y caminará por dos líneas. «Por un lado, regulación de los horarios, ventas especiales y promocionales. Por otro, la regularización de la autorización para la implantación de grandes establecimientos».
Todo esto, según su análisis, ocurre en un momento en que «tenemos una estructura comercial diversa, con calidad y atractivo más que aceptable de garantizar la capacidad de opción de los consumidores». Juste hizo un análisis de la situación para los cambios. En estos momentos «algunas empresas de distribución de la comunidad están entre las primeras de España», dijo y citó a Mercadona, Consum, Air Nostrum, Anecoop y Porcelanas Lladró, entre otras.
La consellera también comentó los cambios de la economía los últimos 20 años. «Hoy el consumidor está más informado y es más exigente; envejece e la población, disminuye el tamaño medio de las familias y la inmigración es creciente. Hay más poder adquisitivo; la mujer está más integrada en el mundo laboral. El comercio está a la altura de las circunstancias y en evolución aunque hoy priman los nuevos formatos y formulas comerciales más modernos y con más nivel de servicios», dijo. «Intentaremos aplicar la ide las ideas, el debate y la ilusión».
«Es necesario un acuerdo laboral»
Ignacio Cruz insta a tomar medidas para «dignificar la profesión»
«Necesitamos más política de apoyo a las microempresas y a los autónomos», reclamaban los comerciantes que asistieron a las jornadas sobre Regulación y modelos comerciales que clausuraba el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ignacio Cruz.
Cruz hablaba del sector en cifras y por temáticas para dilucidar si los diferentes modelos comerciales o la apertura en festivos afectan el nivel de ocupación, los precios, el nivel de concentración, los datos de ventas, la densidad comercial Una de las con clusiones es que «no hay evidencia de que cada modelo lleve a más resultados desde el punto de vista económico. Solo que las empresas de mayor tamaño son más eficientes». Como también, «que no existe una correlación de datos entre la apertura en festivo y las ventas», como tampoco con un aumento del nivel de ocupación, en el que, como señaló, en esta Comunidad «ha crecido por debajo de la media española».
El director general señalaba que las comunidades deben apoyar el comercio de proximidad, potenciar el empleo autónomo «por su mayor calidad». También como una forma de dignificar la profesión, ya que los hijos de los comerciantes no quieren seguir en el negocio. Como tampoco los padres. La formación aseguró que se trataba de uno de los puntos clave unida a lo que consideraba una necesidad urgente para romper un círculo perverso. Cruz abogaba por un «acuerdo laboral para mejorar las condiciones salariales. Que se integre el trabajador a la empresa, que tenga estímulo», afirmaba pra un sector, según dijo, con un 10% de absentismo y no precisamente por natalidad.
Cruz también señaló las declaraciones de Berenguer como correspondientes a un un representante de un órgano independiente y lo emplazó al debate presente sobre la fuerza monopolista y la intervención de los poderes públicos en pos del interés general
