1.La vicepresidenta exige antes un pacto con las autonomías y los comerciantes
2. El ministro de Economía bendijo el texto de Industria, que pretendía aprobar hoy
La guerra de los híper entre el Gobierno y las autonomías queda pospuesta, al menos por ahora, porque la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, ha impuesto su criterio frente a Pedro Solbes. En contra de los deseos del vicepresidente económico, el Consejo de Ministros no aprobará en su reunión de hoy el proyecto de ley que abre la puerta a la proliferación de grandes superficies comerciales, toda vez que De la Vega ordenó el miércoles paralizar la norma que patrocina Solbes hasta que se alcance un acuerdo con las comunidades autónomas –mayoritariamente contrarias a esta reforma– y con el pequeño y mediano comercio.
La número dos del Ejecutivo presidió anteayer, como todos los miércoles, la reunión de la comisión de subsecretarios, órganos de coordinación que debate las iniciativas que afectan a diversos departamentos y fija la agenda del Consejo de Ministros de los viernes. Sobre la mesa, el anteproyecto del Ministerio de Industria, Miguel Sebastián, que permitiría a las grandes distribuidoras abrir hípers de hasta 2.500 metros cuadrados en cualquier municipio sin obtener la licencia –ahora preceptiva– del gobierno autonómico. Sebastián tenía previsto elevar el texto al Consejo de Ministros de hoy, según adelantó el lunes a los consejeros autonómicos su director de Política Comercial, Ángel Allué.
En la reunión del miércoles, preguntado por el grado de consenso político y social que concita esta iniciativa, un representante de Industria hubo de reconocer ante De la Vega que la práctica totalidad de las autonomías, encabezadas por Catalunya, se oponen a esta reforma por entender que invade sus competencias estatutarias en materia comercial, que en la actualidad les permite denegar la licencia a un nuevo híper –a partir de los 800 metros cuadrados en Catalunya, según la densidad del municipio– si estiman que puede dañar al comercio local o comprometer el desarrollo urbano de la población. Este alto cargo de Industria también admitió que, por idéntico motivo, las patronales del comercio minorista rechazan este proyecto en su actual redactado.
EVITAR CONFLICTOS
Fue entonces cuando De la Vega desechó la inclusión de la iniciativa en la agenda del Consejo de Ministros de hoy. Fuentes próximas a la vicepresidenta apuntan que «es necesario avanzar en la liberalización de servicios» que dicta la Unión Europea (UE), pero «sin provocar un conflicto competencial con las autonomías ni perjudicar al pequeño comercio, ya bastante afectado por la crisis». De la Vega ordenó a Industria que, antes de volver a llevar esta ley a la comisión de subsecretarios, evalúe su impacto sobre el comercio minorista y alcance un pacto con sus representantes y con las comunidades.
Pero este frenazo no supone una mera desautorización de Sebastián, sino que refleja la disparidad de criterios entre De la Vega y Solbes. Porque el vicepresidente no solo ha promovido esta reforma, sino que la pasada semana, al frente de la comisión delegada de asuntos económicos, bendijo el mismo texto que De la Vega ha acabado vetando. E incluso anunció que su aprobación, ahora sin fecha, era inminente.
El Periódico 05/12/2008 vía SIP AGECU
