El Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 24 de abril dio luz verde al Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que deja en manos de las comunidades autónomas la potestad para legislar la apertura de nuevos establecimientos, y elimina la definición de gran superficie.
Tras varios borradores presentados por el Ministerio de Industria, el documento aprobado que pretende adaptar la Directiva de Servicios europeos al mercado español elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y se establece el principio general de libre establecimiento independientemente de su tamaño. De esta forma, según Moncloa, se evita un trato discriminatorio a los distintos formatos comerciales.
No obstante, reconoce el derecho de las comunidades autónomas a establecer un régimen de autorización, siempre que cumpla el principio de proporcionalidad e identificando de forma objetiva y previsible las razones que motivan el establecimiento de la misma y el impacto estimado. Se prohíben los criterios económicos, restrictivos de la competencia, así como la intervención de los competidores en los procesos de concesión.
A pesar de estas libertades, el Gobierno advierte de que en caso de que la actuación de una comunidad suponga una sanción por parte de Bruselas por considerar que vulnera la libertad de servicio, será el ejecutivo autonómico quien cargue con la multa, descontando el importe de ésta de la financiación autonómica.
Según el Ministerio de Industria, la aplicación de esta norma supondrá una mayor liberalización del sector y simplificación de los trámites administrativos, incrementará la seguridad jurídica, reducirá costes para quienes deseen abrir un nuevo negocio y producirá más empleo al contribuir a incrementar la actividad económica.
